Tenía 27 años, todos los sueños por cumplir, un servicio social que prestar como enfermera y tres hijos a los que tenía que ayudar a crecer, pero se cruzó con dos venezolanos que le quitaron todo. Por robarle la bicicleta que acababa de comprar, la asesinaron.
Así se resume la historia de Yenny Cerquera, una joven amante del deporte que hizo el esfuerzo de comprarse una bicicleta, que atendió el llamado a usar medios alternativos de transporte y que no encontró garantías de seguridad para ejercer su derecho a movilizarse por Bogotá.
Vivía en el barrio Bosa El Porvenir, en el suroccidente de la ciudad, y trabajaba como enfermera geriátrica en Teusaquillo, en el norte. El domingo 17 de mayo iba con su novio por la ciclorruta del parque metropolitano El Porvenir, cerca de su casa, cuando un delincuente la mató de un balazo en el pecho. Los testigos describieron que el atacante le disparó con frialdad.
Tres niños huérfanos que quedan a la deriva y una comunidad conmocionada y estupefacta escuchan hoy el discurso vacío de las autoridades de que tomarán las medidas para que un hecho como este no se repita.
Es la misma promesa que les hicieron a las familias de Diana Patricia Gómez y Dairo García, asesinados en el 2018 por robarles la bicicleta. Todavía está fresco el dolor de la historia de Diana, a quienes los delincuentes la interceptaron y por resistirse a que le robaran su bici la asesinaron.
Diana de 36 años, tenía dos hijos y muchos sueños por cumplir. Igual que Yenny. Y lo mismo que Dairo García, otro joven de 33 años que corrió con la misma suerte por hurtarle su bicicleta. Los tres son símbolo de las víctimas de los asaltantes y, claro, de la impunidad que caracteriza estos hechos. Una cifra más para las estadísticas de las autoridades.
Nadie puede estar tranquilo cuando rueda por las ciclorrutas. A nadie se le garantiza la vida. Y menos que no les hurten su medio de movilidad. Hay un desamparo total: no hay quien cuide los puentes. Los más de 500 kilómetros de ciclovía son un espacio donde impera la ley de ‘sálvese quien pueda’ o acogidos a la ruleta de la buena suerte.
Y los más cobardes y criminales son los reducidores que se benefician con el robo de las bicicletas para traficar con ellas o con los repuestos después de desmantelarlas. Esos criminales que se cubren detrás de ventas legales de bicicletas y repuestos, pero que manchan sus manos de sangre cada día con la compra y venta clandestina de bicicletas robadas.
En Bogotá ruedan a diario más de 835.000 personas en bicicleta que invierten en promedio más de 1’800.000 pesos para tener una bici y que se exponen en las calles a ser víctimas del hurto. Al día se roban 18 bicis en la ciudad.
El primer eslabón del tráfico de las bicicletas es el delincuente que ataca a la víctima haciéndose pasar por otro biciusuario para distraer a su víctima, siguiéndola después de identificarla o asaltándola a mano armada como el caso de Yenny.
En la cadena de estas mafias está también el delincuente que evalúa si por costo y gama es mejor venderla completa o por partes y finalmente participan quienes las desarman y las comercializan en el mercado negro.
Los seres humanos que hay detrás de los números se pierden. Por ahora Yenny está en la retina de su familia, que reside en el Huila.
De nada sirven los llamados de los grupos alternativos para que protejan a los usuarios de la bici de los delincuentes; la seguridad para ellos parece una utopía. Lo paradójico es que saben cómo actúan, pero no tienen idea de cómo acabar con el delito.
En la retina de los vecinos que presenciaron impotentes el atraco quedó la imagen de un forcejeo entre Yenny y su atacante y el momento en que con frialdad desenfunda el arma y le dispara.
E-DIARIO
