Mirando con atención la propuesta que hace la administración distrital de establecer una medida de pico y placa para permitir la presencia de vendedores ambulantes en la carrera séptima en el centro de Bogotá se ponen en evidencia todas las preocupaciones frente al tema.
La propuesta, que entraría a operar el 5 de marzo, es permitir que los vendedores se turnen el espacio peatonal de la carrera séptima, turnos que no están dispuestos a cumplir y están listos a hacerle ‘conejo’.
Es imposible soportar hoy la carrera séptima peatonal. Lo que se pensó como un espacio para la tranquilidad, para el amor, para poder compartir con los amigos de oficina o simplemente para caminar y reflexionar, se ha convertido en un infierno.
Allí no existe el espacio para el peatón, lo que existe es el desorden, el exceso de ruido, la falta de autoridad, el peligro constante, venta de toda clase de drogas, el consumo de todo tipo de sustancias bajo la mirada de todo el mundo, la presencia del habitante de calle, el excremento humano y las escenas de gente mendigando y mostrando llagas.
Los olores nauseabundos de las comidas ambulantes, la venta de objetos robados, prostitución empañan las iglesias y el patrimonio cultural y turístico del centro.
Hay que respetar el trabajo de las personas que derivan su sustento de las ventas ambulantes, pero es evidente, como se puede observar al caminar por este importante corredor, que allí pulula la venta de productos de contrabando y la Alcaldía, de hacerlo, va a legitimar esta práctica con permisos de venta.
La segunda preocupación es que se está poniendo en riesgo una inversión de casi 50.000 millones que se ha hecho en la peatonalización de esa vía para que termine convertida en un mercado persa en el que se camuflan el hampa, delincuentes que aprovechan el desorden para robar a los peatones y disfrutan de la impunidad por falta de control permanente de las autoridades.
Un riesgo que se corre al entregar permisos temporales es que se vuelvan permanentes y que los vendedores asuman como derechos adquiridos unas autorizaciones temporales. Está probado en Bogotá que ese tema no funciona, como lo muestran las casetas que se instalaron en diversos puntos, y no ayudaron a despejar el espacio público, porque otras personas llegaron a ocuparlo. Y muchos se adueñaron del espacio como si fuera una propiedad de ellos.
Los comerciantes formales son otra gran preocupación. Durante una década han soportado el impacto negativo de las obras en sus ventas con la esperanza de contar con una vía despejada una vez entregados los trabajos, y ahora la alcaldía les dice que los vendedores ambulantes serán legalizados.
No es una medida que se pueda ni deba tomar a la ligera. Está bien dignificar el oficio de los vendedores ambulantes, pero hay que sopesar el interés general y en particular el de los demás actores de la vía, y sobre todo evaluar la falta de control, que nunca es constante ni sistemática por falta de pie de fuerza.
Los ciudadanos que caminan por la carrera séptima tienen derecho a exigir que se pueda transitar con tranquilidad, sin ser acosado por múltiples vendedores y atacados por los delincuentes que aprovechan el desorden para estar a la caza de víctimas de hurtos.
Ya existen múltiples grupos que utilizan la séptima como escenario de negocios con música y otro tipo de manifestaciones, que aprovechan económicamente el espacio público sin retribuirle nada a la ciudad, como para sumarle ahora la legalización de las ventas ambulantes.
A los ciudadanos se les había hecho una promesa: que la séptima no estaría atiborrada de ventas ambulantes una vez terminadas las obras de peatonalización, que sería un espacio recuperado para caminar. Esa promesa se debe cumplir. Y sobre todo, hay que respetar la millonaria inversión que se hizo y no convertirla en un mercado persa que nadie controla.
El día domingo, ni se le ocurra ir. Es el peor día de la semana para la séptima, donde la ilegalidad le gana al comercio legal.
E-DIARIO
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