Endurecer las penas tiene sentido. Colombia es uno de los 18 países del mundo que reclutan menores para el conflicto armado y el único en el continente americano. Y también es uno de los 7 que los utilizan para el conflicto armado.
De ahí que el Senado de la República tramitó y aprobó en primer debate en la comisión Primera un proyecto de ley que espera subir la pena de prisión por este delito que hoy está entre 13 y 23 años. La iniciativa tiene la firma de más de 100 congresistas como autores.
“Propendemos por niños, niñas y adolescentes que están en medio del conflicto y no solo tiene que ver con el reclutamiento para la subversión de los grupos armados al margen de la ley, sino también con la comisión de distintos delitos a través de grupo o personas que utilizan menores de edad”, explicó el senador Germán Blanco, coordinador ponente
Según Unicef, Naciones Unidas ha verificado más de 1.000 casos de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes para el conflicto armado ocurridos desde 2019. Además, ha identificado un preocupante aumento de este delito en los últimos años, con un incremento crítico en 2023, cuando el número de casos se duplicó en comparación con 2022. Durante 2024 esta tendencia al alza se mantuvo.
“Las cifras de Naciones Unidas y de las autoridades no reflejan, sin embargo, la totalidad de los casos que ocurren en el país, pues muchos no son reportados debido a la violencia en los territorios, las restricciones de acceso y el temor a las represalias, entre otros factores”, advirtió Unicef.
La propuesta legislativa pretende modificar los artículos 83, 162 y 188 de la Ley 599 del 2000 (Código Penal), que actualmente se refiere a la prescripción de las condenas para los criminales, advirtieron los senadores que lideran el trámite del proyecto de ley.
“Quien reclute menores de 18 años, los utilice o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades, o en acciones armadas, incurrirá en prisión de 156 a 276 meses y en multa 800 a 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes”, se lee en la normativa actual.
“El delito de reclutamiento es una de las cosas más horribles que le está pasando al país, más del 60% del reclutamiento se da en el departamento del Cauca y la gente no puede denunciar, esto es reclutamiento con fines de incorporación de acciones violentas a menores de edad”, aseguró la senadora Paloma Valencia.
La información verificada por Naciones Unidas en los últimos cinco años indica que los departamentos con más casos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes son Cauca, Arauca, Nariño, Chocó y Norte de Santander. “Recientemente se ha registrado un aumento en otros departamentos como Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare y Huila”, dijo Unicef.
Para el organismo internacional, el impacto del reclutamiento es particularmente grave en comunidades étnicas: el 51% de los casos ocurridos en los dos últimos años verificados por Naciones Unidas, es decir, más de la mitad, corresponden a niñas, niños y adolescentes indígenas o afrodescendientes.
Además del daño individual, para estos pueblos el reclutamiento tiene un impacto comunitario, pues con el desarraigo de sus territorios ancestrales y la alteración de sus modos de vida, aumenta el riesgo de su extinción física y cultural.
Según Unicef, los registros de los meses más recientes muestran que, a pesar de los esfuerzos estatales, organizaciones internacionales e incluso las comunidades, el reclutamiento sigue en aumento, al igual que los homicidios de niñas, niños y adolescentes que se niegan a ser reclutados, intentan escapar o son forzados a participar en combates”.
